Como es normal, hay un margen de tiempo definido para cumplir con el pago de impuestos. A esto se le conoce como periodo de liquidación. Por lo general, suele abarcar el año natural o fiscal, pero puede limitarse al tiempo que se considere. En cualquier caso, la ley ampara con su cumplimiento. Por lo que hay que estar informado en todo momento de las obligaciones que tenemos como individuos, ya se a nivel personal o de empresa. En caso de incumplimiento injustificado, la persona responsable se expondrá a una sanción.

Se entiende por liquidación toda deuda pagada. Es decir, un dinero a deber que deja de estarlo por completo. Lo habitual es que se acumule durante un tiempo definido.

¿Por qué es importante llevarlo por fechas?

El sistema está preparado para garantizar que se cumpla con el periodo de liquidación estipulado. Por parte de todos. Ya sea por parte de particulares y negocios. Si no fuera así el descontrol y la falta de criterio tendría consecuencias graves para la sociedad. Ya que tiene el pago de impuestos como uno de sus pilares fundamentales para mantenerse.

Si no existiera una fecha inicial y otra límite en este tipo de compromisos, existiría confusión y, de manera inevitable, la gente pospondría o evitaría cumplir con sus obligaciones pensando más en el beneficio personal que en el colectivo.

Entre los impuestos más reconocidos están aquellos de carácter laboral, las tributarias o las pertenecientes a la Seguridad Social.

Liquidaciones definitivas y provisionales

Es importante que, a nivel tributario, diferenciemos dos tipos de liquidaciones: las definitivas y provisionales.

Las provisionales se pueden rectificar mediante un nuevo procedimiento tributario. Generalmente esto sucede cuando aparecen otros elementos en un proceso de liquidación. Por contra, se considera definitiva cuando no se pueden rectificar, salvo por vía de revisión. En este último caso, se supone que la administración gestora ha realizado todo tipo de comprobaciones para certificar tal condición.

La liquidación no es más que la resolución de un proceso, y así es como hay que entenderlo. Un proceso en el que, al final, hay una vinculación con el estado. Y cada decisión tiene que estar recogida y justificada. Para casos excepcionales, también existe la opción de impugnar, que exigirá un procedimiento totalmente nuevo.

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